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Elecciones Judiciales 2017 (Parte I)

El 16 de octubre de 2011, las bolivianas y los bolivianos participamos de un proceso electoral inédito y único en Latinoamérica: la elección por voto popular de las más altas autoridades de la Justicia en Bolivia. La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009, dispuso reformas institucionales y políticas en los Órganos del Estado, como la elección por sufragio universal de los integrantes del Sistema de Justicia en Bolivia, a decir de los magistrados del:

  • Tribunal Supremo de Justicia,
  • Tribunal Agroambiental,
  • Tribunal Constitucional Plurinacional y del
  • Consejo de la Magistratura.

La Constitución Boliviana además ordena que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia e imparcialidad” y “el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial” constituye una garantía de la independencia judicial. Las disposiciones constitucionales plantean un primer dilema de fondo: ¿Cómo garantizar un sistema transparente de selección de magistrados, basado en méritos e idoneidad profesional, cuando la pre-selección y elección se lo realizaría en el marco de la decisión político partidaria?

En ese entonces, el proceso en Bolivia tuvo dos etapas:

  • La primera, consistía en la postulación y preselección de los candidatos a dichos tribunales, preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
  • La segunda consistía en la organización del proceso electoral, a cargo del Órgano Electoral.

En la etapa inicial de recepción de postulaciones se presentaron 581 aspirantes:

  • 78 postulantes al Tribunal Constitucional,
  • 82 al Tribunal Agroambiental,
  • 222 al Tribunal Supremo de Justicia,
  • 199 al Consejo de la Magistratura.

Si bien la Asamblea Legislativa estableció requisitos comunes para todos los cargos y requisitos específicos de acuerdo con el cargo al que se postulara, la ciudadanía y organizaciones sociales no participaron en la calificación de méritos que la misma Constitución estableció para esta etapa.

Se estableció un periodo de impugnaciones ciudadanas y audiencias públicas para la evaluación de los postulantes, pero no se dieron a conocer los criterios ni los resultados de tal evaluación, y menos se indagó sobre posibles conflictos de interés, como los casos de varios de los postulantes, quienes fueron asociados con el partido de gobierno.

En esta etapa, la propia Misión de Observación Electoral de la OEA “observó una clara desigualdad en relación con el perfil de los postulantes. Algunos sobresalían tanto en los méritos como en las respuestas dadas en la entrevista, demostrando conocimientos técnico-jurídicos. Por otro lado, se presentaron postulantes que poseían bases jurídicas limitadas y tuvieron dificultad contestando las preguntas que les formuló la comisión legislativa evaluadora”.

No fue presentada públicamente los criterios de evaluación de los méritos y las entrevistas de los postulantes, se evidencio limitaciones al derecho de acceso a la información -solo se publicó la nómina de postulantes y no sus méritos académicos- actitud que debilitó el escrutinio público, afectando seriamente la calidad y la transparencia del proceso de preselección. Esta fase inicial, crucial e importante para asegurar criterios de idoneidad y mérito, mostró muchas debilidades para asegurar eficazmente su objetivo de preseleccionar a los mejores hombres y mujeres para administrar justicia.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, con el voto de dos tercios de sus miembros -todos ellos de la bancada del partido de gobierno-, procedió a la preselección de 118 candidatos para 56 cargos, en base a criterios políticos y subjetivos. Es paradójico que esta preselección reflejara las viejas prácticas parlamentarias y discrecionales de cuoteo político-partidario neoliberal, contraria a los postulados de la democrática directa, dando como resultado la elección de magistrados por voto ciudadano sin conocer a los postulantes.

Continuará…

David Inca Apaza es activista de Derechos Humanos y miembro del Colectivo Los Jach’as

 

 

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