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Las Mujeres en la política, aún un desafío

Amenazas, hostigamiento, insultos, coacción, persecución, secuestros y asesinatos son parte de la gama de delitos que se han perpetrado contra las mujeres políticas, ya sea en su calidad de candidatas o de representantes electas, para impedir que ejerzan sus derechos. El Alto no ha sido la excepción, donde la participación política de la mujer es aún un desafío.

En el ámbito nacional, cuando se llevaban a cabo las Elecciones Generales de 2002, El Alto por primera vez en su historia política logró obtener 10 parlamentarios, 4 uninominales, 5 plurinominales y un senador. Antes, esta ciudad sólo tenía una suplente: Felicidad Mayta, de la desaparecida Conciencia de Patria (CONDEPA), primera senadora de pollera alteña; y en Diputadas figuraba Arminda Gutiérrez, parlamentaria suplente del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR).

A ellas le sumarían, años más tarde: Cleta Aquino y Felicidad Colque, diputadas plurinominales del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes pasarían a ser, las dos primeras parlamentarias titulares alteñas de pollera.

En el ámbito municipal los números son más alentadores, para la gestión 2004-2009, de un total de 11 concejales sólo fueron elegidas 3 mujeres. Debido a una serie de factores, como la renuncia y fallecimiento de algunos titulares, 3 concejalas suplentes asumieron funciones, quedando el Concejo Municipal constituido por 5 mujeres y 6 hombres.

En el ejecutivo municipal, de 5 oficiales mayores, hasta diciembre 2009, solo 1 mujer fue Oficial Mayor de Desarrollo Social y Humano.

La mujer en la FEJUVE y la COR de El Alto.

En las organizaciones sociales se observa un proceso de decrecimiento en la participación de las mujeres. En 2010, en el Comité Ejecutivo de la FEJUVE de El Alto, constituido por 44 cargos dirigenciales, sólo 8 eran mujeres. Ése año. no existía ninguna mujer en el Comité de Vigilancia. En la Central Obrera Regional (COR), sólo estaba representada por 6 mujeres en su Comité Ejecutivo.

En este sentido, el “Plan Estratégico de Género 2010-2014 de El Alto” recomendaba “incrementar la participación de las mujeres en los espacios de decisión política para alcanzar una composición equilibrada entre mujeres y hombres”, lo que aún es un desafío.

Asimismo, identificaron algunas causas. “Las mujeres están en contra de las mismas mujeres y carecen de espacios de capacitación en liderazgo”, reza el documento, por lo que recomendaba promover la voluntad y decisión para su participación y fomentar la información sobre los procesos administrativos en gestión municipal. Hoy, poco de esto ha avanzado.

1er.  Audio con Ericka Brokman

Legislación, obstáculos y avances

Bolivia se ha convertido en el primer país de la región que ha formulado una norma para sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, mediante la Ley Nº243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Esta fue promulgada el 28 de mayo del año 2012, luego de un arduo trabajo de incidencia realizado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) con el acompañamiento de varias organizaciones de mujeres, frente a la violencia que se venía ejerciendo –y aún se ejerce- en contra de ellas.

Según el estudio realizado por ACOBOL denominado “El acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia”, se ratifica que éste es un problema que lamentablemente subsiste al margen del territorio, de la cultura, de la ideología y de la religión es la desigualdad de las mujeres, sobretodo en contextos todavía muy marcados por un sistema patriarcal.

La violencia estructural en contra de las mujeres es innegable. Un reporte de la Defensoría del Pueblo difundido en medios señala que la violencia contra niñas y mujeres ocurre en todas las regiones, estratos socio-económicos y espacios sociales.

Quienes cometen estos delitos provienen de diversos lugares y distinta condición, desde familiares y vecinos de las víctimas, policías, militares, políticos, hasta delincuentes comunes y pandilleros.

2do. Audio con Roxana Zaconeta

Existe una suerte de “ruta conocida” para ejercer la violencia contra las mujeres: presiones para que renuncien, prohibición o restricción en el uso de la palabra, obstáculos e impedimentos explícitos para evitar su participación en las sesiones de los concejos municipales, restricciones en el acceso a la información, imposición de tareas que no les corresponden, sanciones injustificadas (descuento o retención de salario), limitaciones en el ejercicio de sus derechos laborales y sociales (problemas de salud, casos de embarazo, parto y puerperio o en la negativa a solicitudes de licencias justificadas), calumnias, difamación e injurias.

Sin embargo no todo es malo, según la investigadora María del Carmen Sánchez, existen aspectos que redefinen los términos de la participación de las mujeres, ya sea de manera positiva o negativa y, en algunos casos, abren “ventanas de oportunidad” que podrían trabajarse como potenciales espacios para las mujeres.

Uno de ellos es el rediseño institucional y normativo post-constituyente, específicamente el proceso autonómico, que establece la necesidad de una nueva arquitectura institucional y normativa a nivel local con los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas y “por lo tanto una oportunidad para lograr la paridad e incidencia en temas de género”, explica Sanchez.

La especialista también llama la atención sobre las nuevas formas de estructuración de poder local, “que pese al reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, se sustentan en un orden patriarcal que restringe las posibilidades de una consolidación democrática que incluya la democracia de género”.

Cabe señalar, que en las Elecciones Sub-Nacionales 2015, en el Municipio de El Alto, de 7 inscritos que aspiran a la Alcaldía: 3 son mujeres: Soledad Chapetón (UN) Fanny Nina (SOL.BO) y Salome Huanca (MNR).

Acerca de Roxana Aruquipa

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